Los derechos humanos comienzan con la dignidad humana

La semana pasada, tuve el privilegio de intervenir en la Conferencia de Directores de Prisiones de la Oficina Federal de Prisiones, celebrada en Washington, D.C. Entre el público se encontraban todos los directores de prisiones federales del país, junto con otros responsables del funcionamiento del sistema penitenciario federal de Estados Unidos.

Durante mi intervención, agradecí a la Oficina de Prisiones por abrir sus centros a Prison Professors. A lo largo de los últimos años, esas colaboraciones nos han permitido llevar recursos educativos gratuitos a prisiones de todo el país. Juntos, compartimos un interés común: preparar a las personas que se encuentran en prisión para que regresen a casa como ciudadanos respetuosos con la ley y que contribuyan a la sociedad.

Al reflexionar sobre esas conversaciones tras la conferencia, me puse a pensar en un documento que ha influido en las sociedades de todo el mundo durante más de setenta y cinco años.

«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». —Artículo 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos

Esas palabras han guiado los debates internacionales sobre los derechos humanos desde 1948. También plantean una pregunta importante para quienes nos preocupamos por el sistema de justicia penal de Estados Unidos:

¿Qué significa la dignidad humana después de que una persona haya sido condenada por un delito?

Hace más de setenta y cinco años, las Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en respuesta a uno de los capítulos más oscuros de la historia. Tras ser testigos de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, representantes de todo el mundo se propusieron afirmar una verdad sencilla pero profunda:

Todo ser humano posee una dignidad inherente.

Esa idea merece una reflexión, especialmente cuando pensamos en las prisiones.

Hay quien da por sentado que los debates sobre los derechos humanos son incompatibles con la rendición de cuentas. No estoy de acuerdo.

Cumplí veintiséis años en una prisión federal por los delitos que cometí. No cuestiono el derecho de la sociedad a exigirme responsabilidades. La responsabilidad es esencial. La justicia exige consecuencias. Las víctimas merecen reconocimiento, y la sociedad tiene un interés inherente en proteger a las comunidades.

Pero la rendición de cuentas y la dignidad no son opuestas.

La Declaración Universal no sugiere que las personas deban eludir la responsabilidad por sus actos. Más bien, reconoce que toda persona sigue siendo humana, independientemente de los errores que haya cometido.

Cuando la sociedad envía a alguien a prisión, le priva de su libertad. No debería privarle de la oportunidad de crecer, de reconciliarse con quienes han sufrido daño siempre que sea posible, ni de prepararse para un futuro mejor.

A lo largo de mi encarcelamiento, llegué a comprender que mi futuro dependía menos de la sentencia impuesta por un juez que de las decisiones que tomara cada día a partir de entonces. Los libros cambiaron mi vida. La educación cambió mi forma de pensar. Tener un propósito cambió mi comportamiento.

Nadie me obligó a aprovechar esas oportunidades. Yo decidí prepararme para el éxito tras mi puesta en libertad, aprendiendo de todos los líderes que pude encontrar.

También reconozco que no todo el mundo tiene acceso a las mismas oportunidades. Demasiadas personas pasan años en prisión sin recursos educativos significativos, sin mentores ni vías que fomenten el desarrollo personal.

Ahí es donde creo que la sociedad tiene una oportunidad.

El artículo 1 de la Declaración Universal nos recuerda que toda persona posee dignidad inherente. El artículo 26 reconoce la educación como un derecho humano fundamental.

La educación, sin embargo, es más que el acceso a libros o aulas. La verdadera educación cambia la forma de pensar de una persona. Enseña el pensamiento crítico, la autodisciplina, la empatía, la responsabilidad personal y la importancia de tomar mejores decisiones. Esas cualidades no pueden borrar el pasado, pero pueden influir en cada decisión que una persona tome de cara al futuro. Por eso creo que la educación es una de las inversiones más eficaces de la sociedad en materia de seguridad pública.

Esos principios constituyen el núcleo de nuestro trabajo en Prison Professors.

Animamos a las personas a asumir la responsabilidad de las decisiones que las llevaron al sistema de justicia penal y a empezar a construir un historial documentado de preparación que las impulse como candidatas a alcanzar mayores niveles de libertad. También abogamos por reformas que animen a los administradores penitenciarios a reconocer los esfuerzos de cada persona por reparar su comportamiento pasado, desarrollar nuevas habilidades, fortalecer las relaciones familiares y prepararse para la vida como ciudadano respetuoso con la ley y que contribuye a la sociedad.

Una forma en la que promovemos esa misión es a través del «Perfil de Prison Professors». Los participantes documentan los objetivos que se fijan, los cursos educativos que completan, los libros que leen, los diarios que escriben, los planes de reinserción que elaboran y las decisiones diarias que toman para convertirse en mejores ciudadanos. En lugar de limitarse a afirmar que han cambiado, crean un conjunto de trabajos documentados que otros pueden evaluar. Esos registros pueden ayudar a los administradores penitenciarios, jueces, agentes de libertad condicional, empleadores y familiares a evaluar el compromiso de una persona con su crecimiento personal y su preparación.

Nuestra labor de defensa va más allá de las personas que participan en nuestros cursos.

Nos reunimos periódicamente con responsables penitenciarios de todo el país para compartir lo que hemos aprendido tras décadas de observar la transformación personal. Durante la Conferencia de Directores de Prisiones de la semana pasada, animé a que se mantuviera la colaboración entre educadores y profesionales penitenciarios. Nuestro mensaje es coherente.

Pedimos a las personas que se encuentran en prisión que inviertan en sí mismas a través del aprendizaje autodirigido, la responsabilidad personal y una preparación disciplinada. Al mismo tiempo, animamos a los responsables penitenciarios y a los responsables políticos a que reconozcan e incentiven esos esfuerzos mediante oportunidades basadas en el mérito que fomenten el progreso continuo. Los incentivos que recompensan una preparación cuantificable pueden motivar a las personas a tomar mejores decisiones, al tiempo que refuerzan la seguridad institucional.

Cada día vemos pruebas de que la educación cambia vidas.

Las personas que se fijan objetivos, documentan su progreso, fortalecen las relaciones familiares y se preparan para la puesta en libertad regresan a la sociedad con mayor confianza y determinación. Se convierten en mejores padres, empleados, vecinos, contribuyentes y ciudadanos. Esos resultados benefician a todos, no solo a la persona que sale de prisión.

La dignidad humana nos recuerda que toda persona conserva la capacidad de aprender, contribuir y reconstruir la confianza. Cuando las prisiones ofrecen oportunidades de educación, trabajo significativo, participación familiar y desarrollo personal, no solo mejoran las vidas individuales, sino que también promueven la seguridad pública.

A lo largo de mis visitas a centros penitenciarios de todo Estados Unidos, he animado a los responsables penitenciarios a considerar los incentivos, la educación y la participación familiar no como favores hacia las personas encarceladas, sino como estrategias sólidas de gestión penitenciaria. Las instituciones que premian el mérito y fomentan el crecimiento personal crean entornos en los que las personas tienen razones más sólidas para cumplir las normas, invertir en sí mismas y prepararse para una reinserción satisfactoria. Esas estrategias pueden contribuir a reducir las agresiones y las fugas, a aumentar la estabilidad institucional, a disminuir las tasas de reincidencia y, en última instancia, a lograr comunidades más seguras.

Esa filosofía ha guiado a Prison Professors desde el principio. Abogamos por ampliar el acceso a la educación, reforzar la participación familiar, reconocer los logros cuantificables y crear vías para que las personas alcancen mayores niveles de libertad gracias a su mérito demostrado. En mi opinión, los sistemas penitenciarios alcanzan su máximo propósito cuando preparan a las personas para volver a casa dispuestas a contribuir, en lugar de limitarse a haber cumplido una condena.

Las conversaciones que mantuve durante la Conferencia de Directores de Prisiones de la semana pasada me llenaron de optimismo. Conocí a líderes que se preocupan profundamente por mejorar los resultados. Aunque todos los sistemas penitenciarios se enfrentan a retos, creo que es posible lograr avances significativos cuando nos centramos en los principios que nos unen en lugar de los que nos dividen.

Esos principios son la responsabilidad, la educación, la preparación y la dignidad humana.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos recuerda que toda persona posee una dignidad inherente. La responsabilidad nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias. Un sistema penitenciario que abarque ambos principios —hacer que las personas rindan cuentas al tiempo que crea oportunidades significativas para ganarse la confianza mediante una preparación documentada— es el que mejor atiende a las víctimas, refuerza la seguridad pública y satisface nuestro interés común en construir comunidades más sólidas.

Ese es el futuro por el que «Prison Professors» seguirá trabajando.